El Registro Nacional de Población implementa la nueva CURP biométrica en México para recolectar huellas dactilares y escaneo de iris con el fin de evitar el robo de identidad.
El Registro Nacional de Población (Renapo) y la Secretaría de Gobernación (Segob) continúan impulsando la transición hacia la CURP biométrica en México este 2026. Aunque en redes sociales se ha viralizado la versión de que habrá multas para quienes no registren sus datos, las autoridades desmintieron esa información. No obstante, señalaron que la clave será cada vez más necesaria para efectuar trámites bancarios y gubernamentales, por lo que su ausencia podría limitar el acceso a diversos servicios.
¿Existe alguna multa por no tramitar la CURP biométrica?
La respuesta corta y oficial es no. Los mitos surgidos en plataformas digitales provienen de una interpretación errónea de las reformas a la Ley General de Población. El marco jurídico mexicano no contempla ningún tipo de castigo financiero o sanción económica dirigida a las personas físicas que decidan no realizar la actualización de sus datos biométricos o que aún no hayan podido acudir a los módulos.
El documento tradicional —la clave alfanumérica de 18 caracteres impresa en formato digital— mantiene su vigencia legal y operativa en las entidades donde el nuevo sistema aún se encuentra en fase de despliegue progresivo. Por ende, ningún civil será obligado a pagar a la Tesorería por no poseer la nueva acreditación.
¿A quiénes aplican las multas de hasta 2.3 millones de pesos?
Las sanciones económicas estipuladas en la legislación sí existen, pero están dirigidas exclusivamente a un sector regulado. La ley contempla multas de 10 mil a 20 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) —lo que equivale a un rango de entre 1.17 y 2.34 millones de pesos— para los siguientes actores:
- Autoridades y funcionarios públicos: Servidores de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) que omitan integrar el sistema de verificación o se nieguen a adoptar la CURP biométrica dentro de sus plataformas de atención.
- Empresas y entidades privadas: Instituciones financieras, corporativos o prestadores de servicios que vulneren la privacidad de los datos personales recopilados o que incumplan los convenios de validación de identidad.
El objetivo de estas multas millonarias es forzar a las dependencias y empresas a actualizar sus infraestructuras tecnológicas para garantizar la protección de la información ciudadana, no castigar el bolsillo de la población.
